PASSARO PRETO SL y REFOR de Dragan Danut: análisis de un caso de presuntos crimenes en el sector inmobiliario de Madrid, una agencia inmobiliaria regularmente inscrita en el registro mercantil qué presuntamente se dedica a alquilar y reformar pisos ocupados ilegalmente.

(Las opiniones y narraciones que se exponen a continuación se basan en mi experiencia personal y en la documentación que he recopilado hasta la fecha. Este escrito se publica en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la denuncia ciudadana. Las descripciones y formulaciones aquí empleadas no implican imputación de responsabilidad penal o civil alguna a terceras personas o entidades hasta que exista una sentencia firme que lo determine. Se invita al lector a considerar que la información se presenta con fines informativos y de análisis personal, sin perjuicio de la presunción de inocencia.)

Una situación que tuvo su origen en el impago del alquiler ha permitido conocer, a partir de documentos y testimonios que se adjuntan de forma accesoria, la existencia de hechos que podrían interpretarse como presuntas irregularidades en el sector del alquiler y la reforma de viviendas.

Soy propietario de un piso en Madrid, arrendado a través de la plataforma Spotahome desde diciembre de 2023. Inicialmente, la relación contractual se desarrolló sin contratiempos, pero posteriormente se produjo el impago por parte de los inquilinos –cuyas identificaciones se limitan a Iván Yaser Moreno.. y Andrea Alejandra Miranda.. –, quienes se comprometieron a dejar el inmueble y entregar las llaves el 28 de febrero, situación que no se materializó. Ante ello, la plataforma no aportó información adicional sobre los criterios de selección ni sobre la situación económica de dichos inquilinos.

Las evidencias en mi poder sugieren que los inquilinos, que contaban con ingresos declarados en torno a 4.000 €/mes, decidieron cesar con el pago del alquiler, probablemente aprovechando la ausencia de mecanismos que verifiquen de manera exhaustiva sus condiciones económicas y de vulnerabilidad.

Posteriormente, en marzo de 2025, mientras me encontraba de viaje por motivos laborales, fui notificado por vecinos sobre la realización de obras en mi propiedad. A mi retorno, constaté la presencia de nuevos ocupantes en el inmueble. Según declaraciones de los propios ocupantes, quienes aportaron documentos y testimonios de conversaciones, afirmaron haber vivido en un piso de protección social gestionado por Solvia y haber recibido notificaciones –según su versión– de la supuesta venta de dicho inmueble, lo que les obligó a abandonar la vivienda.

Asimismo, estos mismos testimonios indican que, al negarse a abandonar el piso, habrían recibido ciertas intimidaciones por parte de una persona identificada con el seudónimo “Dani”. De acuerdo con la información recabada, este se asociaría al nombre de Dragan Danut, a quien se atribuye la dirección de la empresa Passaro Preto SL (CIF: B16858706) y de la agencia inmobiliaria Refor, con sede en Plaza Castilla 16, 28922, Alcorcón (ver: https://www.reforobrasyreformas.com). Según los testimonios disponibles, se alega que dicho individuo y otras personas habrían adoptado la apariencia de representantes de Solvia con el fin de persuadir a los ocupantes a abandonar el inmueble, gestionando posteriormente la realización de una reforma en el mismo sin autorización.

Existen, asimismo testimonios de los vecinos que muestran la presencia de un vehículo de la empresa Refor durante los trabajos realizados en el inmueble. Al intentar obtener aclaraciones directamente con Dragan Danut, se me remitiría un contrato cuyo contenido resulta controvertido, y de acuerdo con algunos testimonios, dicho documento no habría sido firmado voluntariamente por los ocupantes, si bien se trató de un documento relacionado con la renuncia de derechos sobre un piso social gestionado por Solvia.

En etapas anteriores a estos hechos, se reportaron intentos de acuerdo económico por parte de los primeros inquilinos para la restitución de la posesión de mi vivienda, así como una propuesta, realizada por una agencia inmobiliaria, para negociar la salida de dichos inquilinos en el marco de una operación de compraventa. Dichas propuestas, que a mi juicio carecen de la regularidad y transparencia necesarias, indican la existencia de movimientos y acuerdos no convencionales en la gestión del inmueble.

Finalmente, en días recientes, he recibido comunicaciones que considero amenazantes, derivadas del conocimiento del esquema que, según la documentación en mi poder, se habría desarrollado.

Este relato se inscribe en un análisis personal de unos hechos que, en mi opinión, evidencian la existencia de un entorno que, en ocasiones, parece favorecer situaciones de indefensión para el ciudadano y el propietario, en contraste con la expectativa de protección que ofrece el Estado. Asimismo, se pone de relieve la necesidad de contar con mecanismos más efectivos en la verificación de perfiles en el sector del alquiler y en el control de actuaciones irregulares.

En la medida de lo posible, seguiré aportando información basada en los documentos y testimonios que he recabado, con el fin de contribuir al debate público y a la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los propietarios.

- Este artículo se presenta como denuncia ciudadana y experiencia personal, sin perjuicio de la investigación y resolución que, en el ámbito judicial, puedan dictaminar las autoridades competentes. Se insta a los lectores a consultar las fuentes disponibles y a considerar este escrito en un contexto informativo, sin que ello constituya una imputación formal de hechos delictivos.-